Cataluña se consolida como la comunidad con mayor presión fiscal sobre las rentas bajas, casi un 25% más que en Madrid, y un 33% más que Valencia.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido en acusar a la Comunidad de Madrid de llevar a cabo un supuesto "dumping fiscal" al aplicar un tipo del IRPF más bajo que Cataluña en el tramo autonómico. Sin embargo, este argumento choca con la realidad legal, ya que todas las comunidades autónomas operan dentro del margen normativo que el Gobierno central les permite en materia tributaria.
Lo irónico es que esta capacidad de las autonomías para fijar distintos tipos en el tramo autonómico del IRPF no es una imposición del actual sistema fiscal, sino una concesión de los expresidentes Felipe González y José María Aznar a Jordi Pujol a cambio de su apoyo parlamentario en 1993 y 1996. Tres décadas después, los nacionalistas y la izquierda, que entonces defendían la descentralización fiscal, abogan ahora por la recentralización al verse perjudicados por la competencia de comunidades gobernadas por el PP, que han optado por bajar impuestos.
La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha reavivado el debate sobre la presión fiscal en las comunidades autónomas. La decisión del Ministerio de Hacienda de aplicar retenciones del IRPF al SMI ha generado malestar, ya que los trabajadores más afectados serán aquellos que viven en comunidades con tipos impositivos más altos, como Cataluña.
En esta comunidad, los 300.100 trabajadores que perciben el SMI verán una retención de 357,4 euros, mientras que en Madrid, donde hay 387.300 perceptores, la retención será de 287,1 euros. Esto supone una diferencia de 70,3 euros, lo que equivale a un 24,49 % más en impuestos para un trabajador catalán en comparación con uno madrileño.
Pero la diferencia con Madrid no es la mayor. La Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, se posiciona como la región más benévola con las rentas bajas. Allí, los trabajadores que ganan el SMI solo verán retenidos 280,7 euros, lo que implica que un catalán pagará hasta 94,7 euros más en impuestos, un 33,73 % de diferencia.
Asturias, otra comunidad gobernada por el PSOE, también aplica una alta presión fiscal sobre los salarios bajos, aunque ligeramente inferior a la de Cataluña. Un trabajador con SMI en el Principado pagará 26,9 euros menos que en Cataluña, lo que supone una diferencia del 7,78 % respecto a la escuadra y un 9,47% más que en Madrid.
Actualmente, 2,4 millones de españoles cobran el SMI, que en 2025 ha sido fijado en 16.576 euros anuales. Sin embargo, el incremento de este año se ha visto mermado debido a que, al superar los 15.947 euros anuales, los trabajadores sin hijos deben tributar por ello.
Este nuevo tramo impositivo perjudica especialmente a los jóvenes, que en su mayoría aún no tienen descendencia, dificultando su acceso a mejores condiciones laborales y su independencia económica. También impacta negativamente en los centros especiales de trabajo, donde miles de personas con discapacidad perciben salarios modestos. La mayor carga fiscal supone un obstáculo añadido para la inserción laboral de este colectivo, ya que las empresas enfrentarán mayores costos.
Álvaro Martínez, El Camarada del Mundo®, 18/02/2025.
Añadir comentario
Comentarios