Las familias de Pedro Rodríguez y Julio Marañón, encarcelados desde hace más de nueve meses en la prisión de Black Beach (Guinea Ecuatorial), alertan de que su estado de salud “es crítico” y acusan al régimen de Teodoro Obiang de mantenerlos detenidos “sin cargos concretos ni garantías judiciales”. Piden a España y a la Unión Europea que actúen ante lo que califican de “violación sistemática de los derechos humanos”.
Prision de Black Beach, en Guinea Ecuatorial.
La angustia se agrava para las familias de Pedro y Julio, dos ciudadanos españoles retenidos en Guinea Ecuatorial desde hace más de nueve meses. En un comunicado difundido este jueves, sus allegados aseguran que ambos se encuentran en “peligro inminente de muerte” debido al deterioro de sus condiciones físicas y mentales en la prisión de Black Beach, uno de los centros penitenciarios más temidos de África.
«La situación es extrema: aislamiento total, ausencia de atención médica, pérdida grave de peso y riesgo de muerte para ambos», advierten los familiares, que denuncian además que no se les permite recibir visitas ni comunicarse con sus abogados.
Los dos españoles fueron detenidos en el contexto de una investigación por corrupción vinculada al despliegue de la televisión digital terrestre en el país africano. Sin embargo, hasta la fecha no se les han imputado cargos formales, lo que sus familias consideran una detención “arbitraria” y contraria al derecho internacional.
El Parlamento Europeo aprobó recientemente una resolución que exige su liberación inmediata e incondicional, recordando a las autoridades del país su obligación de respetar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pese a ello, las familias denuncian que “no se ha producido ningún avance” y reclaman “una postura más firme” al Gobierno español y a la diplomacia europea.
Guinea Ecuatorial es una de las dictaduras más longevas del mundo, gobernada con mano de hierro desde 1979 por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el mandatario que más tiempo lleva en el poder en África. Diversos informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentan en el país casos sistemáticos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones sin garantías judiciales, especialmente en la prisión de Black Beach, donde se han denunciado muertes bajo custodia y condiciones inhumanas de detención.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español sigue el caso “con preocupación” y ha solicitado en varias ocasiones acceso consular a los presos, aunque sin éxito hasta el momento. Mientras tanto, las familias mantienen la esperanza de que la presión internacional pueda evitar un desenlace trágico. “Solo pedimos que los devuelvan con vida”, concluye el comunicado.
Lidia Herráez, El Camarada del Mundo®, 27/10/2025.
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