El Gobierno reclama a la Comisión Europea que preserve la hoja de ruta acordada para el fin de la venta de vehículos de combustión, pese a las presiones de varios países y del sector automovilístico que podría generar una crisis y grandes dificultades en la mayoría de la población.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha trasladado a Comisión Europea la posición del Gobierno español a favor de mantener sin cambios el veto a la venta de coches de combustión a partir de 2035, una decisión que vuelve a situar a España en el bloque de países que apuestan por no diluir los compromisos climáticos ya pactados en la Unión Europea.
La petición se ha producido in extremis, a pocas horas de que el Ejecutivo comunitario presente la revisión de la hoja de ruta sobre la descarbonización del transporte, varios Estados miembros, con Alemania a la cabeza temen una crisis de la propia industria automovilística si se lleva a cabo.
A su llegada al Consejo de Ministros de Medioambiente de la UE, celebrado en Bruselas, Aagesen ha defendido que la postura española es coherente con la línea mantenida desde el inicio del debate. En este sentido, ha recordado la carta enviada por el presidente del Gobierno a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que se insiste en no modificar el calendario acordado.
Según la ministra, mantener el objetivo de 2035 responde a una doble lógica. Por un lado, a la responsabilidad climática, dado que los vehículos ligeros representan alrededor del 15% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en Europa. Por otro, a la seguridad jurídica y económica que necesita el sector industrial para seguir invirtiendo.
Aagesen ha asegurado que alterar ahora el calendario enviaría una señal negativa a los fabricantes, proveedores y fondos de inversión que ya han comprometido miles de millones de euros en electrificación, baterías y nuevas cadenas de producción.
La vicepresidenta reconoce que el mercado actual está marcado por la competencia con China y dificultades de la industria europea, es complejo, pero según ella, la Comisión ya ha introducido flexibilidades en el cumplimiento de los objetivos, como mecanismos de adaptación para fabricantes con mayores dificultades.
Adelantar o retrasar la eliminación de los vehículos de combustión podría generar una crisis en España, especialmente para los fabricantes nacionales y la cadena de proveedores, muchos de ellos pymes, que se vería afectada, comprometiendo miles de empleos y la estabilidad económica en regiones donde la automoción es un motor clave. Para los consumidores, una transición precipitada podría traducirse en un aumento de los precios de los vehículos eléctricos, problemas de acceso a modelos asequibles y limitaciones en la infraestructura de recarga, dejando a amplios sectores de la población con menos opciones de movilidad.
Anónimo, El Camarada del Mundo®, 17/12/2025⌂⌂
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