La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de prácticas de "terrorismo de Estado" en Venezuela, citando violaciones sistemáticas de derechos humanos, represión contra opositores y el uso de la fuerza para mantener el poder.
En un informe reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado lo que califica como un régimen de "terrorismo de Estado" en Venezuela, señalando al régimen de Nicolás Maduro como responsable de una política sistemática de represión, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales dirigidas principalmente contra líderes opositores y ciudadanos críticos.
El informe señala que estas acciones están diseñadas para “infundir miedo en la población y desarticular cualquier tipo de disidencia política”. Según la CIDH, estas prácticas constituyen graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos fundamentales de los venezolanos.
El documento incluye testimonios de víctimas y familiares de desaparecidos, quienes relataron detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, y amenazas constantes. La CIDH también señala el uso del sistema judicial venezolano como un "brazo político" para perseguir y encarcelar a opositores bajo cargos fabricados, a menudo sin juicios justos ni garantías procesales.
Una de las víctimas, cuya identidad fue protegida por razones de seguridad, relató: "Mi esposo fue detenido por participar en una manifestación pacífica. Dos años después, aún no sabemos dónde está. Hemos recibido amenazas por intentar buscar justicia".
El informe subraya también que la represión no se limita a los opositores políticos, sino que se extiende a periodistas, activistas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos que denuncian las condiciones precarias del país. Según datos de la CIDH, en los últimos cinco años se han registrado más de 15.000 detenciones ilegales, cientos de ejecuciones extrajudiciales y un creciente uso de la tortura como herramienta de control social.
La CIDH también destacó el papel de cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a las que acusó de operar con total impunidad y de cometer actos de extrema violencia contra la población civil.
Ante esta situación, se ha solicitado a la comunidad internacional, en particular a la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, que tomen medidas inmediatas para frenar la represión en Venezuela y proteger a las víctimas. Entre las recomendaciones se incluyen sanciones específicas contra los responsables de estas violaciones, el establecimiento de mecanismos internacionales de monitoreo y la provisión de ayuda humanitaria urgente para la población afectada.
“La situación en Venezuela ya no puede ser ignorada. Estamos presenciando un nivel de represión y violaciones de derechos humanos que no solo afectan a los ciudadanos de ese país, sino que amenazan la estabilidad de toda la región”, afirmó la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.
Por su parte, Nicolás Maduro ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “parte de una campaña de desinformación orquestada por el imperialismo”. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha acusado al organismo de la OEA de "alinearse con las políticas intervencionistas de Estados Unidos" y negado las denuncias de violaciones de derechos humanos.
El informe de la CIDH coincide con datos de otras organizaciones internacionales, que advierten sobre el colapso de los servicios básicos en Venezuela, la hiperinflación, la falta de acceso a alimentos y medicamentos, y una crisis migratoria que ya ha desplazado a más de siete millones de venezolanos.
Francisco Segovia, El Camarada del Mundo®, 24/01/2025.
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