La pesquisa, iniciada el 26 de diciembre, busca esclarecer si ordenó una campaña de difamación contra Hadas Klein, testigo clave en uno de los casos de corrupción que afectan a su marido.
La Fiscalía General de Israel ha confirmado que la Policía abrió una investigación penal contra Sara Netanyahu, esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu, el pasado 26 de diciembre. Esta acción se produjo dos días después de que la Fiscalía solicitara formalmente la indagación, según informó la diputada israelí Naama Lazimi en una pregunta parlamentaria.
La investigación se centra en determinar si Sara Netanyahu ordenó a Hanni Bleiweiss, exasistente de su esposo ya fallecida, organizar una campaña de difamación contra Hadas Klein, testigo clave en uno de los casos de corrupción que involucran al primer ministro. Estas acusaciones surgieron a raíz de un reportaje del Canal 12 de la televisión israelí.
En respuesta a estas alegaciones, Benjamin Netanyahu defendió a su esposa mediante un video publicado en su perfil de la red social X, donde acusó a los medios de comunicación de difundir "libelos de sangre" y de conspirar "con multimillonarios de la izquierda y del extranjero" en un intento de derrocar a su gobierno.
El primer ministro enfrenta actualmente tres procesos judiciales por delitos como fraude y aceptación de sobornos. A pesar de estas acusaciones, Netanyahu ha denunciado que se trata de una persecución política y logró asumir un sexto mandato a finales de 2022, ya con los procesos en curso.
La diputada Naama Lazimi calificó la respuesta de la Fiscalía como un "paso importante para la supervisión parlamentaria, el sistema de justicia y el Estado de Derecho". Recordó que Sara Netanyahu es una "delincuente convicta", refiriéndose a su condena en 2019 por malversación de fondos estatales por un valor de aproximadamente 50.000 dólares en comidas preparadas. Lazimi enfatizó que los nuevos cargos son "delitos muy graves por los que debe ser llevada ante la justicia".
La Fiscalía General ha subrayado la importancia de mantener la integridad del sistema judicial y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su posición, sean responsables de sus acciones ante la ley.
Álvaro Martínez, El Camarada del Mundo®, 03/02/2025.
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