El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el pasado martes ante los representantes socialistas en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo para trazar la estrategia política del nuevo periodo de sesiones en 2025.
En su intervención ante la interparlamentaria del PSOE, Sánchez instó a sus filas a "repetir, repetir y repetir" los logros del Ejecutivo por "tierra, mar y aire", con el objetivo de contrarrestar lo que denominó "coalición negacionista" de PP y Vox. Su intención era marcar la agenda política con una batería de medidas sociales, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la revalorización de las pensiones y la reforma de la Ley de Dependencia. Sin embargo, el plan quedó rápidamente eclipsado por una nueva crisis interna.
La estrategia del Gobierno de centrar la agenda en sus avances sociales se vio opacada apenas unas horas después de la intervención de Sánchez, cuando el Ministerio de Hacienda confirmó que algunos perceptores del SMI tendrían que tributar por estas rentas. Lo que debía ser una noticia positiva se convirtió en una nueva razón de críticas hacia el Ejecutivo, no solo entre la ciudadanía, sino dentro del propio PSOE. Desde varias federaciones autonómicas del partido se alzaron voces críticas contra una medida que consideran injustificable y que puede perjudicar electoralmente al partido.
"Es indefendible", sentencian dirigentes socialistas, que perciben la tributación del SMI como un golpe a la base electoral progresista y una decisión desconectada de la realidad de muchas comunidades. La indignación se suma a otras polémicas recientes, como las concesiones a Cataluña para garantizar el apoyo de Junts, pues sin este no podría gobernar, que han generado tensiones dentro del partido. La financiación singular para Cataluña y la ampliación de competencias en inmigración han suscitado un profundo malestar en varias federaciones, que temen un efecto de desgaste en sus propios territorios.
El impacto político de estas decisiones preocupa especialmente en Andalucía, donde la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se perfila como futura candidata a la Junta en 2026. "Tiene demasiados frentes abiertos", advierten dirigentes socialistas, que temen que su papel en la financiación autonómica y la tributación la debilite frente al presidente andaluz, Juanma Moreno.
Los críticos dentro del PSOE andaluz consideran difícil justificar en la comunidad medidas como el tratamiento fiscal del SMI o la financiación diferenciada para Cataluña, especialmente cuando la Junta de Andalucía ha exigido reiteradamente una mejor financiación.
La disconformidad dentro del PSOE con la estrategia de Sánchez también se ha hecho evidente en Castilla-La Mancha. Su presidente, Emiliano García-Page, no ha dudado en expresar públicamente su rechazo a algunas de las concesiones del Gobierno a Junts. En particular, ha criticado la reciente comparecencia en el Congreso de un yihadista condenado durante la comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, considerándolo una «humillación» al Estado.
"Se ha llegado a santificar el lema de hacer de la necesidad virtud para justificar las cosas más horrorosas", denunció Page, advirtiendo que se está cruzando una línea peligrosa en aras de la estabilidad parlamentaria.
Mientras el presidente intenta encontrar estabilidad en su legislatura, las tensiones dentro de su propio partido, así como en la mayoría de la población y otros grupos parlamentarios evidencian que el mandato socialista no está garantizado y que el ruido que amenaza con eclipsar su gestión no proviene solo de la oposición.
Francisco Segovia, El Camarada del Mundo®, 18/02/2025. ⌂⌂
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