Entre los principales acuerdos destacan la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra, el refuerzo del sistema judicial, el impulso a un consorcio de inversiones y el traspaso de la gestión de becas. Además, se han desbloqueado transferencias en infraestructuras y patrimonio.
Uno de los principales acuerdos alcanzados es la ampliación de la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 agentes en un plazo de cinco años. Esta medida da luz verde definitiva al preacuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad de Cataluña el pasado 5 de diciembre y responde a la demanda de reforzar la seguridad pública en la comunidad, puesto que ahora Cataluña contará con su propia gestión de aeropuertos y puertos, en lugar de la Guardia Civil y Policía Nacional.
El Gobierno ha aprobado un plan de choque para paliar la carencia de jueces, fiscales y funcionarios judiciales en Cataluña. Se prevé la creación de más de 60 nuevas unidades judiciales entre 2025 y 2028, con el objetivo de alcanzar la media estatal en jueces por ciudadano. Además, el Ejecutivo transferirá a la Generalitat más de 9,5 millones de euros en compensación por los órganos judiciales que han entrado en funcionamiento en 2023 y 2024.
Otro punto es la puesta en marcha de un grupo de trabajo para la creación del Consorcio de Inversiones entre la Generalitat y el Gobierno que busca agilizar las inversiones del Estado en Cataluña. Este organismo fue una de las condiciones pactadas entre ERC y el PSC en las negociaciones para la investidura de Salvador Illa.
Además, se ha acordado que antes del verano se determinará el importe pendiente de financiación de la disposición adicional tercera del Estatut, que contempla el déficit de inversiones en infraestructuras estatales en Cataluña entre 2009 y 2013. Este es un punto de gran relevancia para la Generalitat, que ha reclamado en varias ocasiones que se reconozca y compense la "falta de inversión estatal" en la comunidad durante ese periodo.
También se ha establecido que la Generalitat asuma la formación y nombramiento de funcionarios municipales con habilitación nacional, con el objetivo de solventar el déficit de personal en los ayuntamientos catalanes.
Se ha acordado la cesión a la Generalitat de dos edificios propiedad del Estado: una finca en la plaza Eusebi Güell, destinada al Barcelona Supercomputing Center (BSC), y un inmueble en la Ronda Sant Pere, donde se ubicará el futuro CAP Casc Antic de Barcelona. Además, se ha dado un plazo de tres meses para identificar otros solares e inmuebles estatales de interés para la Generalitat.
En cuanto a las transferencias de competencias, se ha materializado el traspaso de la gestión de becas y ayudas al estudio a la Generalitat. A partir de ahora, el Govern recibirá anualmente 2,1 millones de euros para gestionar ayudas independientes, una cifra que se actualizará cada año en función de las "necesidades del sistema educativo catalán".
El próximo viernes, la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales se reunirá para abordar cuestiones pendientes en materia de financiación autonómica en relación con Cataluña, lo que estima en más cesiones.
Álvaro Martínez, El Camarada del Mundo®, 24/02/2025.
Añadir comentario
Comentarios