Trece trabajadores mineros fueron encontrados muertos tras haber sido secuestrados por presuntos criminales vinculados a la minería ilegal en la provincia peruana de Pataz. La empresa minera exige una respuesta urgente del Estado ante la creciente violencia en la región.
Las víctimas habían sido secuestradas a finales de abril por presuntos grupos criminales vinculados a la minería ilegal, según denunció la empresa minera Poderosa, para la cual trabajaban los fallecidos a través de una contratista.
En un comunicado, Poderosa señaló directamente a “criminales aliados a la minería ilegal” como responsables del ataque contra las operaciones de una de sus empresas subcontratadas. Durante el secuestro, según relataron familiares a medios locales, los delincuentes exigieron un rescate económico a cambio de liberar a los trabajadores.
Los cuerpos fueron encontrados en un socavón, maniatados, vendados y desnudos. Según las primeras informaciones, los mineros fueron ejecutados con disparos en la nuca, lo que sugiere una acción premeditada y brutal. La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones, aunque no se han producido capturas hasta el momento.
La minera denunció que la provincia de Pataz se ha convertido en un “territorio sin ley”, acumulando 39 muertes violentas en lo que va del año. La empresa criticó duramente la falta de acción del Estado, señalando deficiencias en el trabajo de la Policía, el Ministerio de Energía y Minas y el Congreso. «La situación exige un cambio de estrategia del Gobierno», afirmó la empresa, reclamando una intervención contundente y sostenida.
Pataz es una zona de intensa actividad minera donde conviven empresas formales y operaciones ilegales que, con frecuencia, se disputan territorios a través de la violencia. El conflicto por el control de estas minas ha alimentado una espiral de criminalidad que pone en riesgo tanto a trabajadores como a comunidades enteras.
La Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno a desplegar un plan de seguridad integral en la región, mientras que organizaciones de derechos humanos piden garantías para los trabajadores del sector y una investigación transparente que lleve a los responsables ante la justicia.
Francisco Segovia, El Camarada del Mundo®, 06/05/2025. ⌂⌂
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